La Suprema Corte de Justicia negó hoy al ex Gobernador de Tamaulipas, Eugenio Hernández, un amparo en el que cuestionaba la constitucionalidad de algunos aspectos del Tratado de Extradición México-Estados Unidos, así como de la Ley de Extradición Internacional.
Lo anterior, como parte del amparo con el que Hernández busca evitar su entrega al país vecino, que desde 2014 busca juzgarlo ante una corte federal de Corpus Christi, Texas, por cargos de lavado de dinero, fraude bancario y operación sin licencia de un negocio de envíos de dinero.
La Primera Sala de la Corte avaló, por unanimidad, los artículos 3 y 13 del tratado, así como primero de la ley, al rechazar que violen derechos humanos de debida fundamentación y motivación en este tipo de procedimientos, así como la existencia de trato discriminatorio, por el hecho de que los sujetos a extradición no tienen los mismos derechos que los procesados por un delito en México.
Tras el fallo de la Corte, el amparo de Hernández volverá al Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y del Trabajo, con sede en Ciudad Victoria, Tamaulipas, para que resuelva si fue legal la decisión de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), que en marzo de 2018 autorizó la entrega del ex Gobernador priista a Estados Unidos, pero sólo por el cargo de lavado de dinero.
Previamente a la decisión de la SRE, un juez federal de Ciudad Victoria había opinado que Hernández debe ser juzgado en México por los delitos imputados en Estados Unidos, pero dicha opinión no era vinculante para la SRE.
Hernández Flores, que gobernó Tamaulipas de 2005 a 2010, fue detenido en octubre de 2017 por una acusación de peculado y lavado de dinero fincada por la Fiscalía Especializada para el Combate de la Corrupción de dicho Estado y desde entonces ha estado preso en varias cárceles.
Mientras se tramita la extradición, autoridades de Tamaulipas han iniciado varios procesos adicionales contra Hernández por enriquecimiento ilícito, lavado de dinero y peculado, relacionados con operaciones inmobiliarias durante su sexenio, entre ellas, el presunto uso de un testaferro para hacerse de la propiedad de mil 600 hectáreas en la zona portuaria de Altamira.
Por la acumulación de procesos penales en Tamaulipas, es probable que Hernández sólo sería entregado a Estados Unidos una vez que se le dicte sentencia en los casos nacionales.
