Cd. de México.— El Senador del PAN, Ismael García Cabeza de Vaca, presentó ante el pleno del órgano legislativo una iniciativa de reforma al artículo 22 constitucional para que se aplique la extinción de dominio en los casos de extorsión.
El legislador reynosense sostuvo que de aprobarse esta iniciativa, la delincuencia perderá los derechos sobre los bienes que haya obtenido por extorsionar, como dinero en efectivo, autos y propiedades.
García Cabeza de Vaca calificó de urgente actualizar el marco normativo y clasificar las conductas delictivas porque las organizaciones criminales se diversifican y perfeccionan con tecnologías y modos de operar para allegarse de recursos.
“El robo, secuestro, extorsión, homicidio y cobro de cuotas, son delitos en los que tenemos muy claro que participa la delincuencia organizada, que aprovecha cualquier vacío legal para realizar sus actividades”, precisó.
Por lo anterior, dijo García Cabeza de Vaca, se pretende combatir y hacer frente a la delincuencia por medio de acciones concretas.
El Senador tamaulipeco se pronunció por la disminución de los recursos de los extorsionadores y con ello su capacidad operativa.
“Es necesario combatir las prácticas más comunes de la delincuencia organizada, como buscar testaferros para mezclar bienes lícitos e ilícitos a fin de ocultar el origen prohibido de sus recursos, y finalmente atender el interés ciudadano, en materia de reparación del daño”, afirmó.
García Cabeza de Vaca explicó que de acuerdo a las cifras de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción Sobre Inseguridad (ENVIPE 2015), el delito de extorsión es el segundo más frecuente, con un 24.2 por ciento, por lo que es urgente legislar en la materia.
Igualmente las cifras del Observatorio Nacional Ciudadano, que comparan el primer trimestre de 2017 con el mismo periodo de 2016, reportan un incremento de este delito de más de 29.55 por ciento, reveló el Senador del PAN.
“Las cifras que conocemos sobre la extorsión son sólo una pequeña parte de la realidad, ya que su cifra negra es de más del 97 por ciento, es decir que sólo se denuncia un 3 por ciento”, indicó.
La extorsión, se considera un delito patrimonial, al obligar a las personas a dar dinero o algún bien, lo que le causa un perjuicio económico, pero los ingresos que representan para la organizaciones criminales son mayúsculos, lo que le permite seguir cometiendo ilícitos, advirtió.
Destacó que no sólo perderán los delincuentes el derecho sobre bienes obtenidos producto de la extorsión, sino que cualquier persona afectada en su patrimonio tendrá derecho a audiencia para su reclamo.
“Con esta propuesta podremos contribuir a abatir el delito de extorsión, y en darle a la base financiera de la delincuencia, que es donde más le duele”, finalizó.
