Tampico, Tamaulipas.— Tras la emisión de un dictamen de la Auditoría Superior del Estado, que revela múltiples irregularidades en la operación de las plantas tratadoras de aguas residuales en Tampico, Madero y Altamira, la administración estatal tomó el control y las dejó a cargo de la Comapa Zona Conurbada.
En las plantas que operan desde 1993, dice el dictamen de la ASE, se encontraron irregularidades en el proceso de contratación del Contrato de Prestación de Servicios de las Plantas Tratadoras de Aguas Residuales (PTAR) Tierra Negra y Morelos.
En el centro de la investigación de actos de corrupción se encuentra la empresa que operaba esas instalaciones desde el sexenio pasado de nombre Desarrollos Hidráulicos de Tamaulipas S.A. de C.V.
Fue el 28 de Mayo del 2018 cuando Comapa Zona Conurbada denunció ante la ASE presuntos hechos constitutivos de delitos en la contratación y ejecución de obras, de servicios públicos, adquisición de bienes y otorgamiento de permisos, licencias y concesiones.
Además se detectaron irregularidades en la captación o en el manejo y utilización de recursos públicos, desvío de recursos hacia fines distintos a los autorizados, y que pudieron haber causado y pudieran seguir causando daños al patrimonio de la COMAPA y del Estado de Tamaulipas.
En diciembre de 2019 el Consejo de Administración de la COMAPA se acordó el inicio del procedimiento administrativo para establecer la legalidad de los pagos y la operación de las plantas Tierra Negra y Morelos.
En el procedimiento se encontró que la licitación pública de 1993, para la construcción de las plantas se hizo con omisiones es esenciales.
Además de que el costo de la licitación se incrementó en un 970 por ciento, además de irregularidades en la contratación de deuda pública a través de un particular fuera de la norma.
El mismo dictamen indica que se encontró que se hizo un convenio modificatorio del convenio de operación, lo que dio pie a que la vigencia del mismo fuera ampliado ilegalmente.
También se establece que se violó la ley con la asignación de obras adicionales de manera directa a la empresa señalada, a través de modificaciones al contrato original, sin convocar a una licitación.
La ASE también encontró que la operación de las plantas viola adelas leyes y normas en materia ecológica que ponen en riesgo el derecho al medio ambiente y a la salud, por lo que se han presentado denuncias ambientales ante la PROFEPA y la CONAGUA.
Se realizó un estudio que revela también que en la Laguna del Chairel el porcentaje de coliformes fecales, que son bacterias procedentes de las heces fecales, derivado del mal tratamiento de aguas residuales, es más alto de lo permitido, situación que agrava la contaminación y que daña profundamente los recursos naturales del país.
