El Gobierno del Estado informó del proyecto de verificación vehicular general y obligatoria para el 2024, impulsado por la Administración de Samuel García desde el inicio de su sexenio.
El programa ha sido polémico luego de que en la década los 90 se inició y canceló entre actos de corrupción.
Sus críticos, además, señalan que es un proyecto recaudatorio más que ambiental.
Al anunciar el plan, el secretario de Medio Ambiente estatal, Félix Arratia señaló que para ejercer una norma de verificación debe coordinarse con los municipios.
También planteó reformas, pero deben ser aprobadas por el Legislativo estatal.
El proyecto podría enfrentar obstáculos, ya que tanto municipios como los Diputados del PRI y el PAN están en pugna con García, además de que se pretende aplicar en año electoral.
La Administración emecista inició un programa voluntario de verificación, pero con equipos itinerantes en vialidades de alto tráfico.
De acuerdo con cifras estatales, el plan ha realizado un millón 191 mil 360 muestreos, de los que el 76 por ciento pasó la verificación y el 24 por ciento no.
«Para mediados del próximo año podamos dar a conocer los términos y las vicisitudes que habremos de adoptar como Ciudad en la implementación de está verificación obligatoria”, dijo Arratia.
Aclaró que la facultad de sanción que tiene el Estado es para el transporte público.
«Para el transporte particular los facultados son los municipios”.
Al ser cuestionado sobre si la pugna con los municipios afectaría hacer obligatoria la verificación, el funcionario sólo dijo que confía que no sea un impedimento.
