Con 25 votos a favor y 11 en contra, la mayoría emitidos por el PRI y el PAN, el Congreso de Nuevo León aprobó expedir la nueva Ley del Instituto de Defensoría Pública para el Estado de Nuevo León.
Dicha ley está conformada por 39 artículos y tiene como principal objetivo establecer al Instituto de Defensoría Pública como un órgano del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, con autonomía técnica, operativa y de gestión en el desempeño de sus funciones.
Esta expedición fue dictaminada con base en una iniciativa entregada por José Arturo Salinas Garza, presidente del Poder Judicial de Nuevo León.
Durante el debate, la diputada de Movimiento Ciudadano, Iraís Reyes dijo que el asunto carece de sustento jurídico y viola una orden de la Suprema Corte del 17 de abril para abstener la transmisión de atribuciones sobre el instituto. Esta suspensión provisional se dio luego de que el PRIAN reformó la constitución para hacer la defensoría del Poder Judicial.
El diputado del PAN, Félix Rocha Esquivel argumentó que no existen indicaciones de que los poderes de gobierno se abstuvieran de presentar iniciativas de ley ni de que estas fueran analizadas.
