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Denuncian empresarios locales cierres injustificados por parte de la COEPRIS

Con uso de la fuerza pública y tratándolos como "delincuentes" COEPRIS no se apega a la ley y cierra ferreterías en Victoria, detalla el vicepresidente de la CANACO.

Cd. Victoria, Tam.- Alejandro Montoya Lozano, vicepresidente de la Cámara Nacional de Comercio (CANACO) en Victoria, denunció que algunas autoridades han cometido atropellos al cerrar negocios que están en el rubro de lo esencial ante la contingencia.

Y es que el empresario local y también ex alcalde interino de la capital de Tamaulipas, detalló en entrevista que COEPRIS y Policía Estatal han clausurado algunas ferreterías de distintos dueños (entre ellos él) aún y cuando este tipo de negocio está dentro de la lista que gobierno del Estado decretó no cerrar por ofrecer servicios básicos y que puedan servir para combatir el COVID-19.

El empresario local, dijo en entrevista que estas dos autoridades han ejercido la fuerza pública tratando a los comerciantes y dueños ferreteros «como delincuentes, cuando lo único que estamos haciendo es velar por mantener los sueldos, los salarios de las personas y por ofertar nuestros productos a la sociedad».

«Hay giros como el sector ferretero, que la ley lo contempla y lo permite porque lo considera esencial y está llegando personal de la COEPRIS a cerrar, a clausurar estos negocios argumentando que no están (en la lista) porque tienen el conocimiento de la ley y están haciendo el cierre», expuso Montoya Lozano.

Mencionó que las ferreterías van dentro del comercio que no pueden ser inoperantes pues ahí se consiguen guantes, cubrebocas, químicos de limpieza, pinturas antibacteriales que se utilizan en hospitales o centros médicos y demás artículos que pueden ser necesarios para la salud.

También mencionó que están yendo contra las órdenes del ejecutivo estatal, pues en sus redes sociales oficiales, dio a conocer una lista de negocios que seguirán atendiendo y entre ellos agrega a ferreterías.

Es por eso que Montoya Lozano llamó a los encargados de clausurar establecimientos a que sigan los protocolos y no cometan arbitrariedades, a capacitarse y basarse en las órdenes de la Federación y el GobTam para «no hacer interpretaciones de la ley» y afectar a terceros.