El gobernador Samuel García obtuvo una suspensión de amparo para él y 11 familiares al asegurar tener información anónima de que el PRIAN quiere fabricar acusaciones en su contra.
El fallo protege contra la ejecución de órdenes de aprehensión y audiencias en procesos penales a García, a sus padres, Samuel Orlando García Mascorro y Bertha Silvia Sepúlveda; sus hermanos, Silvia Catalina, Ana Cecilia y Roberto Miguel; su esposa, Mariana Rodríguez; sus suegros, Jorge Gerardo Rodríguez y Luisa María Cantú; sus cuñados, Jorge y Eugenia Rodríguez Cantú, y David Sánchez Quintanilla.
García Sepúlveda también consiguió que se les permita el acceso a todas las carpetas contra él y sus familiares, según una fuente cercana al caso.
La suspensión se la otorgó el pasado 14 de septiembre Juan Fernando Alvarado López, Juez Séptimo de Distrito en Reynosa.
La protección otorgada dentro del juicio 2063/2023-V aplica para que las Fiscalías federales y locales, el Poder Judicial del Estado, jueces de Control y Juzgados de Distrito de Nuevo León y Coahuila no puedan actuar en contra del Gobernador y sus 11 familiares.
En su demanda, García justifica recurrir al juzgado tamaulipeco porque el Poder Judicial, la Fiscalía General de Justicia del Estado y los jueces federales de Coahuila y Nuevo León son «controlados» por el PRI y el PAN y estaría en riesgo ante el empleo de las instituciones de justicia con fines políticos.
García argumenta una evidente persecución o represión política contra él y sus familiares como consecuencia de su pugna con el PRI y PAN y del «hecho notorio» de que está dentro de los personajes políticos presidenciables por Movimiento Ciudadano y quieren impedirle participar.
Acusa que elementos de la Fiscalía General y de la Auditoría Superior del Estado continuamente acuden a dejar notificaciones al Palacio de Gobierno y han advertido que, con fuero o sin él, «lo van a atorar en el bote» y «a chingar a su familia».
«Se busca presionar al quejoso para que abandone sus aspiraciones políticas», establece el juez, «ello a través de la persecución de sus familiares (con la) posible orden de detención. presentación y/o aprehensión que se ordene librar y ejecutar.
«Se concede la suspensión provisional de los actos reclamados», agrega, «para el efecto de que, por una parte, cese cualquier acto de persecución o represión política de los quejosos debiendo suspenderse la celebración de cualquier audiencia inicial solicitada por las Fiscalías responsables debiendo informar lo anterior a los jueces de control».
García también consiguió que se les permita el acceso a todas las carpetas contra él y sus familiares.
